Foto: Emiliana Miguelez

Por Martín Mosquera

I

La situación actual es visiblemente inestable, frágil, incierta. Cualquier análisis corre el riesgo de envejecer rápidamente. Se superponen varios factores causantes de inestabilidad social y política: el agravamiento de la crisis económica, la conflictividad social en aumento y la (ahora un poco opacada) “operación Centeno” de consecuencias políticas y judiciales crecientes. Nos acercamos a momentos decisivos de la secuencia política inaugurada por el macrismo, donde se pondrá a prueba la plausibilidad de su objetivo estratégico: infringir una derrota a las clases populares que le permita una reestructuración regresiva del capitalismo local. Estamos, entonces, ante una batalla social y política de proporciones.  Los acontecimientos pueden precipitarse, ya sea por razones económicas, políticas o sociales. Una mayor convulsión económica, un estallido social o un gran giro político en caso de una detención de CFK no pueden descartarse. Todo esto habla de la densidad del momento político.

Como dijimos en un documento anterior (posterior a las jornadas de diciembre): “las clases dominantes tienen la iniciativa, pero no logran asentar, por el momento, una nueva hegemonía ni estabilizar una nueva correlación de fuerzas entre las clases. Aún en este marco defensivo para las clases populares, las transformaciones neoliberales son ralentizadas por la resistencia social. Las políticas del gobierno avanzan, pero pierden paulatinamente su base de masas y se enfrentan a situaciones recurrentes de movilizaciones sociales de envergadura, aunque sin que emerja un bloque político y social alternativo”. Definimos esta situación como “inestabilidad hegemónica”[1].

La megadevaluación del jueves pasado concretó un salto cualitativo dentro del cuadro recién descripto. La “falta de dólares”, el nivel de endeudamiento, la “desconfianza de los mercados”, y, por ende, la enorme fragilidad externa y el riesgo de nuevas corridas cambiarias, colocan al país en una coyuntura crítica y al borde de una crisis de mayores proporciones. El “gradualismo” precedente estalló para no volver y afrontamos una verdadera terapia de choque sobre las clases populares que se confirma en los anuncios recientes que reestructuran ministerios, recortan subsidios y, sobre todo, establecen el objetivo de “déficit cero” en materia fiscal.  Las sucesivas corridas cambiarias parecerían situar al gobierno en una situación de incertidumbre y desorientación, al límite de perder el control definitivamente. En este contexto, también florecen las internas en la coalición gubernamental: entre el “ala política” y el “ala técnica”, entre el PRO y sus aliados radicales y Carrió, entre el gobierno y buena parte de los factores de poder que le dieron sustento (el grupo Clarin, por ejemplo).

En esta crisis económica y política, el macrismo toca nuevamente el límite que condicionó estructuralmente todo su gobierno. Al estar situado sobre relaciones de fuerza sociales desfavorables para la aplicación de un violento plan de ajuste, el conjunto de medidas que aplica son experimentadas como fuertemente lesivas por las clases populares, a la vez que resultan insuficientes para "los mercados" y para la necesaria reestructuración social que necesita la acumulación capitalista en nuestro país.

Las clases dominantes necesitan una transformación regresiva que solo encuentra equivalentes en las grandes conmociones que siguieron a 1976, 1989 o 2001. Pero las relaciones de fuerza actuales suponen un desafío real a su concreción. Se abren, tal vez, dos hipótesis a futuro. O bien, el macrismo concreta súbitamente una caída brutal del poder adquisitivo (vía una violenta crisis inflacionaria), y liquida su capital político en el intento, (y, tal vez, un futuro gobierno puede recoger los “éxitos” de la transformación social “kamikaze” perpetrada por el macrismo); o bien la reestructuración necesaria es de tal magnitud que logra ser ralentizada por la resistencia social y nos espera un ciclo prolongado de inestabilidad social, política y económica (que trascenderá al actual gobierno).

Actualmente, la diferencia principal entre la actual crisis y las de 1989 y 2001 se encuentra en el terreno político: la fuerte colaboración por parte del peronismo y la CGT. Si en aquellas crisis el peronismo, llegado a cierto punto, decidió embestir de frente contra el gobierno, para proponerse como “piloto de tormentas”, hoy la mayor parte del PJ se propone cubrir políticamente al macrismo. Esto responde a tres razones fundamentales: en primer lugar, el peronismo hoy no cuenta con un liderazgo solvente como el de Menem en 1989 o Duhalde en 2001. En segundo lugar, ninguna fracción de la política burguesa quiere lidiar con un “nuevo 2001”, que ponga en riesgo la gobernabilidad y presione por grandes concesiones sociales. Finalmente, el peronismo quiere que el actual gobierno vaya lo más lejos posible en el ajuste para proponerse, en un segundo momento, como gestor de la cierta estabilidad y el modesto reimpulso económico que podría emerger del actual shock contra las clases populares.

Un escenario “optimista” para el gobierno es que logre estabilizar el programa de ajuste evitando una gran convulsión económica (default, hiperinflación) y/o un estallido popular. En cualquier caso, no va a poder evitar un deterioro social mayúsculo (mejor dicho, su objetivo es estabilizar la situación económica por medio de una devaluación del salario y un ajuste en el sector público para achicar el déficit). Por ello, en la mejor de sus hipótesis, deberá enfrentar las próximas elecciones presidenciales en condiciones de gran deterioro político (y tal vez con nuevo candidato o en acuerdo con un sector del peronismo). Una crisis no es garantía, por sí misma, de derrota política del gobierno, ni, mucho menos, de “giro a la izquierda” de la sociedad. Pero aun un escenario de “regresión social controlada” pone muchos obstáculos para los intentos reeleccionistas del gobierno. No puede descartarse que una “victoria” provisoria del gobierno, si lograse estabilizar el ajuste evitando una catástrofe económica o una gran movilización de masas, sea luego compensada con una “sanción electoral” de la población.  Sin embargo, el objetivo estratégico para las clases populares no radica fundamentalmente en las próximas instancias electorales, de las cuales no es razonable esperar que surja un “gobierno popular” (a menos que se tenga una visión alucinada de las relaciones de fuerza políticas o una expectativa ingenua en el peronismo). Es necesario, más bien, quebrar por medio de la movilización el intento de gestionar ordenadamente la crisis.  

La crisis abre un momento de incertidumbre radical. Una crisis de magnitud es un punto de inflexión y el origen de una redefinición global de las correlaciones de fuerza entre las clases.  El paisaje social y político que deje como resultado no puede preverse.  Así como hay un uso capitalista de la crisis por parte de las patronales (ataque al salario ante el temor de despidos, etcétera), también existe un aprovechamiento político por parte de los gobiernos. La crisis puede empujar a la gente a la lucha pero también achata expectativas sociales y puede generalizar un pánico disciplinante. La catástrofe hiper-inflacionaria de 1989 generó una desorganización social que legitimó el giro neoliberal posterior de Menem. Incluso es posible una combinación de ambas reacciones: el 2001 fue la respuesta a la crisis proveniente de la recesión iniciada en 1998, pero el mayor golpe al salario se produce luego de las jornadas de diciembre, con la devaluación de 2002, y generó una reacción relativamente menor. En tanto lucha de clases condensada, el resultado de la crisis no puede anticiparse. 

  

II

No debemos perder de vista, en medio de la crisis, el creciente protagonismo del Poder Judicial que hemos visto durante los últimos meses. Tal vez responda a una tendencia de largo plazo: el endurecimiento autoritario de un régimen político cada vez más débil en su dimensión consensual. La operación abierta en torno a los cuadernos de Centeno nos coloca ante un fenómeno nuevo, de alcance regional, que tal vez podríamos denominar “bonapartismo judicial”. Con el pretexto de la lucha contra la corrupción, el poder judicial se eleva como árbitro respecto al régimen político, violentando o llevando al límite el procedimentalismo formal democrático (llegando al punto, en Brasil, de perpetrar un “golpe institucional”). En alianza con los grandes monopolios mediáticos, este bonapartismo se propone tutelar el régimen político, deteriorando derechos democráticos elementales y actuando en beneficio de intereses hostiles a las clases populares.

El develamiento de los vínculos íntimos entre el poder político y el empresariado no deja de tener un aspecto positivo. Puede servir para denunciar la corrupción estructural del capitalismo, sobre todo en un país dependiente como el nuestro. Sin embargo, hay que tener claridad respecto a la naturaleza definitivamente reaccionaria de toda la operación. Un sector de la izquierda considera que estas denuncias de corrupción son el ariete para denunciar de conjunto a la casta política y se esperanza con un “lava jato hasta el final”, del cual la detención de los dirigentes kirchneristas sería solo el primer paso. Aquí se abre una polémica importante, que puede volverse central en caso de detención de CFK. Es preciso advertir no solo que estas operaciones cumplen un papel distractivo respecto al deterioro social y la crisis económica, sino que el desarrollo de esta “máquina de guerra” judicial/mediática responde a intereses hostiles a las clases populares y apunta a deteriorar los derechos democráticos en un sentido reaccionario. También hay que ser consciente de que, en muchos casos, los “mani pulite(s)” configuran condiciones favorables para la emergencia de demagogos populistas autoritarios (como Berlusconi y Salvini en Italia, o Bolsonaro en Brasil). Un sector de la izquierda, que se entusiasma con las denuncias de corrupción, las detenciones de dirigentes kirchneristas y este tipo de descomposición de la clase política, puede terminar colocada como “extrema izquierda” del bloque neoliberal (en un sentido similar al 2008 con la crisis del campo pero en una situación, tal vez, de mayor trascendencia todavía). El caso de Brasil y las diferencias en la izquierda ante el “golpe institucional” y la detención de Lula son evidencia de la conmoción que puede estar en puertas.

La inestabilidad de la situación política obliga a “jugar” con algunas hipótesis. Hasta ahora, el impedimento para una detención de CFK era doble: 1) en primer lugar, el temor al rechazo social que puede generar (seguramente superior al que suscitó la detención de Lula en Brasil); 2) en segundo lugar, el gobierno parecería necesitarla como competidora, para garantizar la división del peronismo e intentar aprovechar el voto rechazo que genera su figura. ¿Pero qué pasaría con este segundo factor en caso de que la figura de Macri entre en un ocaso irremediable? Si bien el primero sigue vigente, y cualquier detención sería una operación de alto riesgo (la combinación de crisis económica y CFK presa puede ser explosiva), puede haber sectores tentados a quitar de la cancha a CFK como única forma de permitir que emerja alguna candidatura proveniente del PJ o algún acuerdo de “unidad nacional”. Por ahora, el mismo Pichetto se mantiene firme en el rechazo a cualquier desafuero sin sentencia firme, pero ya está en marcha un proyecto de Ley que impediría presentarse a personas condenadas en segunda instancia (“ficha limpia”, presentado por la ahora afamada diputada Lospennato). Por otra parte, como se pregunta el periodista Carlos Pagni: "Pichetto puede resistir la presión que hace la opinión pública para que Cristina sea despojada de los fueros. Pero, ¿podrá resistir la de su propio partido, que también la necesita presa?" (Carlos Pagni, La Nación 23 de agosto)[2].

Una detención de CFK sería un salto en la injerencia anti-democrática del “bonapartismo judicial” e impactaría decisivamente en la situación política. Al igual que en Brasil, la diferenciación política estricta respecto al liderazgo de CFK debe ir acompañada de una oposición cerrada a este posible salto cualitativo del endurecimiento estatal-autoritario orientado a perseguir judicialmente a opositores sociales y políticos.

Vale la pena advertir que el Gobierno mantiene un papel ambiguo frente al fenómeno desatado por los “cuadernos”. Lo apuntala y aprovecha, hasta cierto punto, pero no se siente cómodo con las denuncias que lo tocan de cerca (Calcaterra, IECSA, Franco Macri). Esto parece mostrar que el poder de liderazgo de Macri sobre su bloque socio-político es limitado, y que el bonapartismo judicial se eleva, también, por encima de su competencia y autoridad (lo cual parece dar razones a la “pista china” que sugirieron varios analistas, es decir, que esta denuncia tiene su origen en el Departamento de Estado norteamericano y sea un capítulo de la guerra comercial entre EEUU y China). El Gobierno intenta contener la causa de los cuadernos para que los efectos no lo toquen de cerca, más aún considerando que las denuncias de corrupción impactan más severamente en su base social que en la del kirchnerismo. Las denuncias de coimas en el Senado en el 2000 fue una herida de la que nunca se recuperó el gobierno de la Alianza, que había sido encumbrado con promesas de regeneración moral e institucional. El gobierno intenta surfear exitosamente la aparición explosiva del tema, pero no parece controlarlo punto por punto (Ver Porqué cambió la postura del gobierno respecto a los cuadernos, La Nación[3]) .

La operación de los cuadernos” y la crisis económica contribuyen a la posibilidad de que nos encontremos, antes de lo previsto, con una nueva crisis de representación. Debemos estar atentos, por un lado, al deterioro del Gobierno en las clases medias a partir de los casos de corrupción, los tarifazos en los servicios públicos y la recesión económica; pero también, por otro, a las señales que pudimos percibir estos últimos años sobre la fragilidad de la identidad peronista tanto en sectores de la clase obrera formal (que votó mayoritariamente por opciones anti-kirchneristas, como puede verse en cualquier análisis demográfico electoral) como también en sectores del precariado informal, fuertemente dependiente de la ayuda social estatal, donde las identidades políticas son marcadamente inestables. Contra el supuesto de una identidad substancial y duradera del peronismo como “ideología de clase”, estos fenómenos evidencian que las identidades de las clases populares son más inestables, fragmentarias y plurales de lo que la referencia a un mítico y eterno sujeto nacional-popular suele suponer. De conjunto, parecen acumularse componentes de una posible crisis de representación política de gran escala, lo que hay que saber leer conjuntamente con el atenuante de la dura pervivencia política del liderazgo de CFK en ciertas franjas sociales.

 

III

Asistimos a una creciente polarización social y otra política, que no se superponen punto por punto. Por un lado, se acumulan fuertes luchas callejeras (movilizaciones feministas, rebelión universitaria, conflictos obreros como el de Astilleros o de la Linea 60, etcétera), lo que habla de la persistencia de un nivel de movilización social inédito en nuestro país, que representa una dura barricada contra los planes del gobierno. Especialmente, asistimos a un histórico ciclo de movilizaciones feministas, que introduce a una nueva generación a la lucha social y cuenta con una sensibilidad espontanea decididamente anti-neoliberal y significativas expresiones radicales o anticapitalistas. Por otro lado, no hay que subestimar al sector social que se expresó en la marcha del 21A que reclamó la detención de CFK. Se trata de una franja social que precede a Cambiemos y se fue politizando en el ciclo de movilizaciones anti-kirchneristas (2008, 2012, 2014), con anclaje en sectores medios y populares (es decir, no se reduce a las clases altas). Lejos de ser un gobierno "desideologizador", el actual Gobierno excita permanentemente la polarización precedente y encuentra una base de masas (aunque no mayoritaria) que legitima y reclama el endurecimiento estatal-autoritario. Aunque minoritario social y culturalmente, ante un posible fracaso del gobierno de Cambiemos, este “núcleo duro” puede radicalizarse en un sentido derechista autoritario. Sobre todo en caso de regreso al gobierno del peronismo, o, más aun, ante un posible fracaso de un futuro gobierno peronista en gestionar las dificultades económicas presentes.

 

La situación en el movimiento social describe una gran “inquietud por abajo”, junto a una ausencia de dirección del conflicto. En esta ausencia se combina una actitud extremadamente colaboracionista por parte de la dirección de la CGT (que solo encuentra equivalente con la que le ofreció al gobierno de Menem); un incipiente y balbuceante polo sindical de oposición, que incluye a franjas importantes de la burocracia  (en torno a la confluencia del moyanismo, la corriente federal y las CTA); el sector de la “economía popular” que consolidó posiciones y recursos, pero perdió gimnasia de confrontación directa con el Estado; y un explosivo movimiento feminista, transversal y radical, pero sin capacidad de oficiar de dirección estable del bloque social de oposición al gobierno. En este contexto de debilidad de las mediaciones políticas y sindicales tradicionales, hay que prestar atención a la posibilidad de que la irrupción de un gran movimiento social adquiera formas más “espontáneas”, “ciudadanas”, tal como ha sido en el último ciclo internacional de movilizaciones (indignados en el Estado español, Nuit Debout en Francia, ocupación de la Plaza Sintagma en Grecia, insurrecciones en los países árabes). Es decir, un tipo de movilización caracterizado por la entrada a la lucha de nuevas generaciones, la ocupación de espacios y plazas, el protagonismo de sectores medios asalariados y pauperizados, la utilización de redes sociales y la aparición de herramientas de auto-organización que cumplen un papel estratégico para desbordar a los aparatos tradicionales. Sin ir más lejos, el antecedente de este ciclo internacional fue el 2001 argentino.

En el plano político, tanto la crisis económica como el “bonapartismo judicial” contra el kirchnerismo tienden a contribuir a la polarización entre el gobierno y CFK. Por el momento, no hay espacio para una nueva fuerza política burguesa capaz de terciar en la disputa, aunque no puede descartarse esta posibilidad en el mediano plazo, siendo que la polarización actual (entre dos “minorías intensas”) convive contradictoriamente con un fuerte desgaste de uno y otro.  

¿Cómo colocarse ante el debate electoral que se viene y la polarización entre el gobierno y CFK? Debemos ser cuidadosos en este punto, y articular inteligentemente objetivos de corto y largo plazo, mantener la lucidez y no abandonarnos al posibilismo, pero tampoco desconocer de forma sectaria lo que se condensa en una posible derrota electoral del gobierno.

La cuestión de derrotar al neoliberalismo planteado como un “a todo o nada” contra Macri desarma a la militancia para enfrentar el verdadero problema que tiene delante. Una orientación política reducida al “cualquier cosa menos Macri” puede oficiar de referencia mínima provisoria para sectores desorientados de la izquierda, pero no delimita los contornos de una política genuina de oposición y de construcción de alternativa. Un “antimacrismo indiscriminado” puede quedar con el pie cambiado ante las modificaciones que va delineando la dinámica actual. En primer lugar, porque si se desarrollara un declive más pronunciado del gobierno, la atención de las clases dominantes va a volcarse hacia algún sector del peronismo (o hacia un acuerdo gubernamental e, incluso, electoral entre el PRO y el PJ Federal). Un “antimacrismo ingenuo” puede convertirse en este caso en el “ala izquierda” de una experiencia continuista, como fue la Alianza respecto al menemismo (y repitiendo el lamentable papel del FREPASO). En segundo lugar, es importante identificar el agotamiento de las condiciones económicas que permitieron el débil estado de compromiso de clase que caracterizó al kirchnerismo. El ciclo de expansión económica iniciado con el duhaldismo se enfrentó desde 2011-2012 a los típicos cuellos de botella de la economía dependiente argentina. Un regreso del kirchnerismo al gobierno no puede homologarse a una recreación del periodo precedente, porque los condicionamientos objetivos y la presión hacia el ajuste van a continuar en cualquier gobierno que no se proponga embestir de frente contra el gran capital (el actual acuerdo con el FMI, por caso, es de 36 meses y los vencimientos más significativos de deuda son para 2020 y 2021). Cada sector político puede tener más o menos compromisos con los sectores populares, lo que puede conducir, en principio, a una mayor o menor agresividad contra los derechos sociales. Pero cualquier gobierno que suceda al macrismo deberá dar cuenta de la incapacidad estructural del capitalismo argentino para seguir integrando demandas populares y la necesidad de emprender un camino de ajuste, aunque tal vez de forma más moderada o con otro ritmo[4].

Para ubicarnos inteligentemente en esta coyuntura, debemos evitar el sectarismo rutinario de las organizaciones ultra-izquierdistas, pero sin recaer en ninguna concepción “etapista” vulgar. Una cosa es reconocer que los cambios en la superestructura política impactan en las condiciones de lucha y ofrecen diferentes contextos y oportunidades. Algo diferente es suponer que el gobierno de Macri es expresión del “capital financiero” y que es plausible regresar a un “modelo neodesarrollista” o a otra “alianza de clase” basada en el capital productivo, las pymes, etcétera. Como señalamos, el objetivo de generar mejores condiciones de explotación de la fuerza de trabajo expresa los intereses del conjunto del capital (el último periodo de gobierno de CFK, sobre todo el ajuste de 2014, es también expresión de esta tendencia[5]).

Esto no lleva a desconocer el impacto político que significaría una derrota electoral del gobierno de Macri, menos si es en manos de una opción que programáticamente afirme oponerse a sus políticas. Pero lo que genera mejores condiciones para la lucha es la derrota política de la variante más agresiva de las clases dominantes, no necesariamente las características intrínsecas del gobierno que surja como su relevo. Y la conciencia de las dificultades y las probables decepciones de cualquier nueva secuencia peronista/populista obliga a combinar eventuales consignas de votos “contra la derecha” con una firme independencia política.

En este contexto, la necesidad de construir una traducción política de las luchas se vuelve tan apremiante a mediano plazo, como improbable en el corto. Si el fracaso de Macri da lugar a una decepción “populista”, crecen las posibilidades de que el descontento a largo plazo sea capitalizado por salidas radical-autoritarias. Estamos otra vez llegando a una gran crisis sin un instrumento político rupturista que pueda terciar progresivamente en la situación global, lo cual facilita nuevamente la administración burguesa de la situación (como la que permitió el encumbramiento del kirchnerismo luego de 2001).

Se vuelve imperioso entonces llegar con un instrumento político adecuado a los siguientes capítulos de la crisis, que posiblemente sea prolongada. Al respecto, podemos adelantar dos tipos de indicaciones. En primer lugar, la construcción de una alternativa política, en el actual periodo, no puede reducirse a la “unidad de los revolucionarios” y, mucho menos a la autoproclamación de alguna pequeña organización marxista. Es preciso construir una nueva fuerza política sobre bases amplias, si se pretende desarrollar un instrumento útil que pese realmente en la situación global. En segundo lugar, y de forma más concreta, es preciso analizar las condiciones que el post-kirchnerismo nos hereda para la construcción de una nueva síntesis política. Posiblemente, en el futuro debamos combinar dos fenómenos contradictorios. Por un lado, una probable crisis de representación que es terreno favorable para la irrupción de fuerzas nuevas en el terreno político. Por otro lado, todo el periodo kirchnerista nos hereda un conjunto fortalecido de organizaciones reformistas-burocráticas (las diferentes corrientes del “kirchnerismo combativo”, el triunvirato piquetero, etcétera), que probablemente jueguen un papel en un proceso de recomposición política. Una hipótesis más “pura”, como podría ser la emergencia de un sector enteramente exterior al sistema político pre-existente (al estilo del Podemos español o el FA chileno) parece más improbable. Más aún si reconocemos la existencia de una corriente electoral de izquierda estable en torno al FIT, que monopoliza a los sectores más conscientes y combativos de la sociedad en beneficio de una política sectaria. En resumen, es razonable postular la hipótesis de que una “nueva fuerza” surja de la conjunción de estos dos fenómenos: una cierta “crisis de representación” que apuntale a sectores exteriores al sistema político, junto a la persistencia estable de corrientes reformistas provenientes de la experiencia kirchnerista. Sin embargo, es difícil que se den rupturas o procesos de radicalización en sectores de la militancia kirchnerista hasta tanto no se agote la expectativa en CFK o el agobiante posibilismo del “todos contra Macri”. Probablemente sólo del agotamiento de un nuevo ciclo populista/peronista surjan las condiciones para la emergencia de una nueva experiencia de reagrupamiento a gran escala. Si estamos al inicio de un periodo prolongado de inestabilidad hegemónica , esta hipótesis se vuelve relevante para orientarse en las batallas que tenemos por delante. 

 

 



[1] "Estamos frente a en un momento “denso” de la lucha de clases, donde probablemente se dirima las características de todo el próximo periodo", con Martín Mosquera, en https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2018/05/26/Estamos-frente-a-en-un-momento-%E2%80%9Cdenso%E2%80%9D-de-la-lucha-de-clases-donde-probablemente-se-dirima-las-caracter%C3%ADsticas-de-todo-el-pr%C3%B3ximo-periodo-con-Mart%C3%ADn-Mosquera
 
[2] https://www.lanacion.com.ar/2164902-un-laboratorio-electoral-hiperactivo?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Echobox&utm_source=Facebook#Echobox=1535033077
 
[3] Por qué cambió la postura del Gobierno respecto a la causa de los cuadernos, en https://www.lanacion.com.ar/2166581-por-que-cambio-postura-del-gobierno-respecto

 

 
[4] Ver Adrián Piva, Estancamiento, inestabilidad cambiaria y tendencia al ajuste: la vigencia del bloqueo a la ofensiva capitalista contra el trabajo, Economistas de Izquierda - Fundación Rosa Luxemburgo, 2018.
 
[5] Ver Martin Schorr, Entre la década ganada y la década perdida. La Argentina kirchnerista. Estudios de economía política, Buenos Aires, Batalla de Ideas, 2018.

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