• El paisaje tras diciembre: consenso, coerción e "inestabilidad hegemónica"

    Martín Mosquera

    7/01/18

    Introducción

    Los eventos se suceden con rapidez. Reconstruyamos con cierto detenimiento, entonces,  las características del cuadro político actual. El 22 de octubre Cambiemos obtuvo un triunfo electoral contundente. Con este reforzamiento se propuso finalmente dejar atrás el "gradualismo" precedente (al menos en los términos que conocimos) e intentar el pasaje hacia su "etapa programática". Se habló entonces del "cambio cultural", del "ahora o nunca" y se presentó al Parlamento un paquete de leyes que iniciaban el periodo de las "reformas estructurales". El gobierno entrando en una fase de aceleración descarta la hipótesis de que el gradualismo de los primeros dos años pudiera ser la medida de una forma de gobernabilidad hegemónica para una derecha posible. Se trató, más bien, del impulso necesario para intentar el "gran salto adelante".

    El cambio de fase parece indicar también un cambio de táctica respecto al movimiento de masas. Ya no tendremos, en lo esencial, tanta susceptibilidad a la reacción popular ni tanta redefinición de políticas al compás del pulso social. El gobierno se propone ahora embestir de frente contra la resistencia popular. Necesita infringir una derrota que le permita desmoralizar al movimiento social y entrar en una fase más despejada para la aplicación de sus políticas. A sabiendas de que no opera sobre el terreno fértil de una gran derrota social que lo preceda, el gobierno necesita generarla desde el Estado. Para tomar ejemplos clásicos, precisa lo que la derrota de la "huelga minera" fue para el despliegue del neoliberalismo en Gran Bretaña o lo que el fracaso de todas las luchas del ciclo 89-91 (ferro­viarios, telefónicos, obreros de SOMISA, entre otros)  fueron para Menem en su tránsito hacia la estabilidad y el amplio consentimiento social del plan de convertibilidad. 

  • La épica de un país ordenado. En torno a la caracterización del Gobierno Cambiemos

     

    Por Adrián Piva

    16 de Diciembre de 2017

    La pregunta sobre el carácter del gobierno Cambiemos ha recibido dos grandes respuestas. La primera, centrada en una determinada definición de su objetivo principal, puede sintetizarse en la expresión “gobierno del ajuste”. La segunda, que puso énfasis en la composición del personal de gobierno puede resumirse en su definición como “gobierno de los CEOS”. Ambas respuestas encuentran fundamentos en aspectos contrastables de la composición y acción del gobierno. Es indudable que desde su asunción ha llevado a cabo medidas que apuntan – no siempre de manera consistente – a la reducción del gasto público, centralmente la reducción de subsidios al transporte y la energía, y a la redistribución regresiva del ingreso. También es innegable que desde 1983 nunca ha habido tantos funcionarios procedentes del mundo empresario, en particular, de la alta gerencia. Sin embargo, un análisis riguroso de la acción y los resultados de gobierno nos da una imagen más matizada. La magnitud del ajuste es más bien modesta en términos comparativos y la orientación general de las políticas – sobre todo a la luz de las medidas efectivamente implementadas, más allá de los intentos iniciales del gobierno – no responde linealmente a una fracción o agrupamiento empresario. Si esto es así, y aquí sostendremos que efectivamente lo es, el problema de la caracterización del actual gobierno permanece abierto. En lo que sigue intentaremos dar algunos argumentos a favor de la hipótesis de que el rasgo más específico de este gobierno es su objetivo de restaurar la autoridad del capital a nivel social y en el lugar de trabajo. Pero también que ha sido capaz de presentar esta tarea como la de una restauración del orden y la autoridad de la ley sin más adjetivos. Dio así expresión a la demanda de orden de amplios sectores de la población y encontró de ese modo fundamentos para la construcción de consenso en torno al programa restaurador.

  • Otro diciembre de gran viraje

     

    Por Claudio Katz1

     Los dilemas que afronta Argentina en diciembre volvieron a emerger con gran intensidad. Macri lanzó su atropello neoliberal y chocó con una monumental reacción popular. Logró aprobar la ley contra los jubilados, pero a un costo político altísimo que licuó su avance electoral. La victoria pírrica que consiguió en el Parlamento no compensó lo perdido en las calles. Confrontó con los sindicatos y los movimientos sociales, abrió un severo conflicto con su base social, erosionó el idilio con el PJ y la CGT y desnudó su virulento perfil represivo.

     El gobierno adelantó la votación sabiendo que el tiempo le jugaba en contra. Tuvo que levantar la sesión inicial (con o sin quórum) ante la magnitud de la protesta. Luego militarizó el Congreso, redobló la extorsión de los gobernadores, reforzó las amenazas judiciales y acentuó la intimidación mediática. La oprobiosa ley que impuso deslegitima su gestión ante la mayoría de la población.

     UNA SUBLEVACIÓN MAYÚSCULA

     Macri concertó un pacto con los gobernadores, para financiar la reelección de Vidal y sus colegas del interior con los ingresos de los jubilados. Negoció con la zanahoria y el garrote. Prometió facilitar el endeudamiento de las provincias y amenazó con bloquear el pago de los sueldos.

     El mismo combo utilizó con la jerarquía sindical. Garantizó el manejo burocrático de las obras sociales y la ilegalización de 300 gremios opositores. Pero también insinuó la multiplicación de los encarcelamientos por negocios turbios, que ya provocaron la caída del “Pata” Medina.

     La sensación que Macri arrollaba duró poco. Al concentrar su ataque en el sensible tema de los jubilados desató la indignación. Todos sus engaños se estrellaron con la masiva oposición registrada por las encuestas. Los disfraces utilizados para vender la “reparación histórica” no dieron resultado. Nadie pudo “comunicar bien” el descarado robo al sector pasivo.

     La respuesta popular sumó sectores y descolocó a los aparatos. Comenzó con marchas sindicales y una variada sucesión de actos que culminaron en la impactante manifestación de los movimientos sociales. Hasta la CGT tuvo que despertarse con un paro que anuló, relanzó y finalmente obstruyó. La inmensa movilización de medio millón de personas retrató el descontento general. Diversas organizaciones confluyeron en un mitin de elevada combatividad y densidad social.

     Numerosos votantes de Cambiemos se sumaron (o convalidaron) la protesta. Por eso Macri ni siquiera consideró la convocatoria a una marcha derechista de la clase media contra los sindicatos. La receta de abril quedó desactualizada. Esta vez una parte de sus seguidores acompañó a los jubilados con impactantes cacerolazos nocturnos.

  • Tras el 21D: Nueva fase, viejos retos

     

     

    Jaime Pastor

    El escenario que emerge tras el 21D no ha cambiado sustancialmente desde el punto de vista parlamentario, pero sí en cuanto al protagonismo creciente del poder judicial en la criminalización del independentismo. Sería un error de la izquierda de ámbito estatal, y de quienes se oponen a la desdemocratización y recentralización crecientes de este Estado, considerar que el conflicto que enfrenta a una mayoría de catalanes –ya que incluye no sólo a independentistas sino también a soberanistas- con el régimen les es ajeno. Están en juego también nuestras libertades y derechos individuales y colectivos.

    Muchos son ya los análisis publicados sobre los resultados de las elecciones del pasado 21 de diciembre en Catalunya, pero voy a partir de los de Martí Caussa y Josep María Antentas por coincidir con gran parte de sus diagnósticos y conclusiones 1/. El título del primero, “El independentismo resiste, pero sin clarificar la estrategia”, ya era bastante expresivo y en él se ponía el acento en la derrota política del artículo 155, pero también en que “el bloque unionista y partidario del 155 se ha hecho más fuerte y agresivo”; concluía aventurando mayor incertidumbre ante la nueva etapa tras el brusco final del ciclo anterior el pasado 27 de octubre. El segundo, a cierta distancia ya del 21D, entraba más en detalle sobre los factores que explicaban el “éxito de la operación Puigdemont” con su discurso legitimista, por un lado, y el ascenso de C’s como voto estratégico anti-independentista, pero a la vez “de orden y de miedo”, por otro. Constataba también la crisis del eslogan “un sol poble” para argumentar la necesidad de una reformulación estratégica frente al persistente cierre de filas del régimen que aspire a “ligar la agenda independentista a las políticas contra la austeridad y defender un proceso constituyente compatible con un destino independentista y uno confederal”.

    En efecto, pese a la aplicación completamente abusiva –y anticonstitucional, según buen número de expertos- del artículo 155  2/, al creciente acoso judicial(más de 60 causas abiertas, muchas de ellas por injustas acusaciones de delitos de rebelión, sedición y… odio) y al incesante anuncio de una mayor inestabilidad económica, la revalidación de la mayoría absoluta por el bloque independentista (a la que no son ajenas la memoria viva del ciclo transcurrido desde el 20S hasta las jornadas del 1 y el 3 de octubre y la represión desencadenada durante y después de las mismas) ha echado por tierra los planes del bloque mal llamado constitucionalista (más bien, jíbaroconstitucionalistas, como les califica el fiscal emérito Martín Pallín) y continúa poniendo de manifiesto la crisis de legitimidad del régimen y, sobre todo, del Estado autonómico en Catalunya.